Por Damián Quevedo
En estos días se emitirá el decreto que crea una "Empresa Nacional de Alimentos" y un nuevo intento de acuerdo de precios, en el que el Estado pagará cosechas por anticipado, con el supuesto fin de controlar los precios.
Hasta hoy, a pesar de los 11 acuerdos y controles
de precios que rigieron desde que asumió Alberto Fernández, la inflación
acumulada entre diciembre de 2019 y enero de 2020 es del 121,45%. Para comprar
algo que salía $100 hace dos años, se necesitan $221 actualmente[1].
El objetivo de esta empresa nacional de alimentos sería asociarse con productores de alimentos y regular el precio final al consumidor controlando los costos de producción y comercialización. El proyecto es impulsado por Rafael Klejzer, director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social[2].
Inclusive si obviamos los sucesivos fracasos del gobierno en cuanto mantener estables los precios de la mayoría de los productos que resultan “indispensables” o conforman la “canasta familiar”, esta idea no es más que una cortina de humo, cuyo propósito es encubrir nuevos negocios de aquellos, que como el jefe del Movimiento Popular la Dignidad -Klejzer- viven de la caja del Estado.
Eso que llaman
"controlar los costos de producción" es una quimera (y el gobierno lo
sabe) ya que desde que existe el capitalismo y también antes, el costo de
producción está determinado por la productividad del trabajo, es decir por el
mayor o menor tiempo que lleve producir algo, en este caso los alimentos.
Además de la tecnología, el volumen de la producción influye en el costo y, finalmente, en los precios. Es decir que cuanto mayor es el volumen producido, sembrado, etc. menor será el costo total, debido a la acción objetiva de la ley del valor, que rige en la economía actual e incluso durante los primeros intentos de construcción del Socialismo, en el siglo pasado.
Siendo así, el intento de fijar un precio de referencia, sin existiera un desarrollo de la productividad general capaz de imponer el descenso relativo de los precios, terminaría perjudicando a los pequeños y medianos productores, cuyos costos son mayores que los de las grandes multinacionales, justamente por el volumen de la producción y el acceso a la tecnología.
Por otra parte, como es común en la apología del progresismo, si el Estado realiza pagos por adelantado a pequeños productores, cooperativas, etc., eso implica obligar a estos productores a venderle a los funcionarios del gobierno a un determinado precio, pera comprar después los insumos y materias primas -del siguiente ciclo de producción- a precios mayores, contemplando la inflación proyectada para este año. Como siempre, el resultado de este tipo de transacciones tiene dos grandes beneficiarios, los burócratas que ofician de intermediarios por parte del Estado y los grandes monopolios.
Tampoco es posible un control unilateral de precios, ya que los alimentos, como todas las mercancías, requieren transporte, entonces el valor del combustible que es un componente del costo de producción (que además está atado al mercado mundial) termina presionando hacia arriba el precio final de los alimentos.
La hipocresía de este tipo de medidas es aún más obscena cuando son impulsadas por un gobierno que, justo cuando las anuncia, está buscando un acuerdo con el FMI, que vendrá con un ajuste mayor del que viene realizando este mismo gobierno desde su inicio. El aumento de tarifas de energía y servicios, que es parte del acuerdo, impulsará el resto de los precios a mayores aumentos.
La izquierda revolucionaria debe denunciar el oportunismo y los negociados detrás de estas medidas demagógicas, señalando que solo la derrota -mediante una rebelión obrera triunfante- del ajuste del gobierno, el FMI y los grandes monopolios, podrá garantizar el acceso a una alimentación adecuada, como a todas las condiciones de vida que requiere un ser humano. ¡Es que el Capitalismo, que no va más, debe ser reemplazado, sí o sí, por una sociedad realmente justa, la sociedad socialista!
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