Por Damián Quevedo
Fuera de la llamada pandemia y la retórica “nacional y popular”, cada vez más devaluada, del peronismo, el balance de dos años de gobierno del Frente de Todos y Todas, deja como saldo un ajuste brutal, mucho más profundo que el que intentó imponer el mismísimo presidente “neoliberal” Mauricio Macri.
El ajuste inflacionario, empujado por la emisión monetaria, que fue la herramienta que usó Cristina Fernández en su periplo gubernamental, continuó con plena vigencia en estos dos años “albertistas”. Aunque ese recurso no tiene el impacto político de un tarifazo o un congelamiento salarial, pero es mucho más beneficioso para los capitalistas a mediano plazo.
Hubo en la Argentina un fenomenal ajuste fiscal,
que no lo hizo el Gobierno dando malas noticias, lo hizo la inflación
degradando los gastos del Estado, degradando las jubilaciones, las prestaciones
sociales, los salarios, sobre todo los del sector público. Hubo una caída del
balance fiscal, del equilibrio fiscal, brutal, entre 2018 y el primer trimestre
de 2020. Desde que asume Alberto Fernández, el ajuste lo hace la inflación (y
es más doloroso) y se puede observar la curva de mejora fiscal. La idea de que
no hubo ajuste es un mito[1].
La disputa entre Cristina y Alberto Fernández no es, en ese sentido, una pelea entre un modelo de ajuste y otro de "inclusión social", sino un conflicto político relacionado a las maneras de concretar un ajuste mucho más eficaz que el que está en curso, que a los de arriba ya les resulta insuficiente. ¡El punto más álgido de esta pelea fue cuando se habló de una posible renuncia del ministro Guzmán!
La burguesía
necesita mucho más para tratar de superar la crisis y, mientras tanto, llegar a
un acuerdo con el FMI. Es que la ausencia de dólares y la sangría permanente de
reservas para frenar la suba del billete verde -como así también una
aceleración cualitativa del proceso inflacionario que conlleve un costo
político- está vaciando las arcas del Banco Central, aunque no es la única vía
de salida de dólares.
También, la
necesidad de importar gas licuado que tiene el Estado argentino para producir
energía eléctrica (lo que hace que su consumo no esté vinculado solo a las
temperaturas bajas) profundiza ese desnivel negativo de las cuentas públicas. Daniel Dreizzen, analista de la consultora
Ecolatina y exsecretario de planificación energética, estimó que el déficit
energético terminaría el año en cerca de 1.000 millones de dólares. Eso implica
menos dólares de las reservas del banco central, en momentos en que el país
intenta reactivar una economía golpeada por la recesión y cuidar sus reservas
internacionales[2].
La suba de los precios del gas no solamente exacerba este problema, que es estructural, sino que además pone en evidencia el fracaso de una de las pretendidas “joyas de la abuela”, Vaca Muerta, la estrella productiva del kirchnerismo. ¡Todo esto ayuda a construir ese combo explosivo que se llama recesión y que, de pronunciarse, puede poner al gobierno al borde del abismo!
Entonces, todas
las apuestas kirchnerismo para evitar semejante colapso están en el FMI y en la
llegada de inversionistas. Sin embargo, el pacto con el Fondo Monetario
Internacional está congelado y, en los hechos cuestionado por dos acontecimientos
significativos: el “no” voto al presupuesto en diputados y la derrota del plan minero
de Cristina, Alberto y Arcioni en Chubut. ¡Situación que deja al gobierno al
borde del helicóptero, justo a 20 años del Argentinazo!
El enorme triunfo popular en Chubut, marca el camino que debemos seguir en todo el país y la izquierda debe ponerse al frente de este proceso, sosteniendo y profundizando la unidad que se gestó el 11 de diciembre. Para eso, en las próximas reuniones de las conducciones de los partidos que dieron lugar a esa fenomenal movilización, se deben discutir los próximos pasos, que tienen que avanzara en línea con las actuales circunstancias.
Una de nuestras
propuestas, para eso, será la puesta en pie de un Gran Encuentro de toda la
Izquierda, en el que se discuta, talleres abiertos de por medio, el programa
construir y, principalmente, el Plan de Lucha Nacional que hace falta para
llevarlo a la práctica. La izquierda debe, en ese sentido, actuar como la
conducción de recambio de la clase trabajadora y el pueblo, ya que esto
responde a una necesidad, cada vez más acuciante, debido a la traición de las
burocracias políticas y sindicales tradicionales.
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