Por Damián Quevedo
Cerca de diciembre
y a 20 años de la crisis del 2001, retorna sobre el gobierno argentino el
fantasma del default. Todas sus fichas están puestas en el logro de un acuerdo con
el FMI, que le permita seguir tomando deuda para pagar la deuda ya existente y
retrasar el estallido de lo que, a todas luces, es una bomba de tiempo
económica.
Todo esto sucede en un contexto que todo lo agrava, ya que la crisis política en la que está sumergido el régimen en Argentina, con una debilidad pasmosa de todas sus instituciones, no otorga confianza ni a los organismos financieros ni a los capitalistas que compran bonos de deuda del Estado nacional. El FMI viene tratando de evitar un derrumbe de la economía de nuestro país, porque su caída podría generar un efecto dominó sobre el resto de América y mucho más, aunque este apoyo tiene un límite, que es el de las ganancias de los capitalistas.
Cuando un
gobierno no puede garantizar la aplicación del ajuste que exigen los
empresarios y mucho menos el pago de la deuda externa. Cuando no cuenta con un
ingreso de dólares permanente e incrementa permanentemente el gasto público,
comprando billetes verdes para frenar la suba y contener la inflación, los burgueses
y sus organismos tienden a abandonarlo. Como decía Marx, las clases no se
suicidan y la burguesía no juega a la ruleta rusa, cuando las chances de perder
son muy grandes.
En las últimas dos semanas, los activos
financieros argentinos cayeron fuerte por la salida de inversores. Este martes,
los bonos en dólares se desploman entres 3% y 4%, mientras que el riesgo país
se dispara sobre los 1.800 puntos básicos por primera vez desde la
reestructuración de deuda con acreedores privados en septiembre del año pasado[1]
Con las reservas del Banco Central en rojo, si persiste esta tendencia el Estado se quedará sin la posibilidad de comprar dólares para contener la suba de la moneda estadounidense, esto implica, en palabras del ministro de economía, Guzmán, una devaluación brusca, mayor aún que la que sufrimos en estos dos últimos años.
Estamos ante un gobierno débil, enfrascado en peleas internas y con dos largos años de gestión por delante, que pueden acortarse mucho si estalla la economía y se produce esa violenta devaluación. La izquierda revolucionaria debe preparase para intervenir en un marco de grandes movilizaciones y luchas. Por esa razón, la reunión convocada por el FITu -para poner en pie una marcha hacia la Plaza de Mayo contra el acuerdo con el FMI- debe convertirse en asamblea abierta, alrededor de la cual se impulse la coordinación de los próximos combates obreros. Si esto ocurre, el activismo combativo verá a esta como una alternativa de dirección sindical y política.
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