La suspensión de la movilidad jubilatoria prevista hasta que en junio se legisle otra diferente implica un aporte adicional a la holgura fiscal, en este caso con un ahorro en el gasto público de entre 0,5 y 1 punto del producto, según quién haga el cálculo. Es decir, entre US$ 1.500 y US$ 3 mil millones de dólares tomando siempre como referencia un PBI del orden de los US$ 300 mil millones al año, en números redondos. (Leer todo)
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