Cuando un gobierno aplica medidas de carácter confiscatorio, los trabajadores y el pueblo -que las sufren- tienen todo el derecho del mundo a cuestionarlas, ganando las calles para derrotarlas, pero también negándose a cumplirlas. ¡Es que a nadie se lo puede obligar a morirse de hambre o a quedarse sin la provisión de los servicios básicos, como la luz, el gas o el agua, que tendrían que dejar de ser un “negocio”, para convertirse en un derecho humano básico, como la educación o la salud pública! En ese sentido, son numerosos los ejemplos de la historia donde, ante subas de impuestos, combustibles o servicios públicos, distintas comunidades decidieron desconocer estas medidas, no pagándolas, levantando barreras de peajes o molinetes y otras acciones de "desobediencia civil". (Leer todo)
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