Por Damián Quevedo
Al igual que Boric en Chile, el presidente peruano, Pedro
Castillo, está mostrando -rápida y efectivamente- para qué lo eligieron las
patronales y para quien gobierna.
Tiempo atrás señalábamos que la elección de este
personaje, que se presentaba como “socialista”, expresaba de manera
distorsionada el giro hacia la izquierda que están dando las masas en todo el
continente.
Sin embargo, también decíamos que, tanto él como Boric
y demás “izquierdistas” asumían, no para defender los intereses de la clase
trabajadora y el pueblo pobre, sino todo lo contrario, para evitar el colapso
del Sistema Capitalista, que atraviesa una crisis terminal.
En ese contexto, la crisis económica, intensificada
por las consecuencias de la pandemia y la guerra en Ucrania, que a su vez son
productos de la misma crisis, empuja a los y las de abajo a reclamar por sus
demandas insatisfechas, cada vez menos satisfechas por los de arriba.
Eso está sucediendo en Perú, con un incremento
explosivo de protestas contra los aumentos de precios y tarifas, las bajas
salariales y la pauperización general a la que lleva el capitalismo. Estas
protestas, que tienen, en ciertos momentos, su expresión electoral, ahora
comenzaron a desarrollarse en su lugar “natural”, las calles.
Por eso, no es casual que, tanto en Chile como en
Perú, haya comenzado a desarrollarse un nuevo proceso de movilizaciones contra
los efectos de los planes de ajuste, que sus nuevos presidentes, lejos de
frenar, están profundizando.
Luego de votar candidatos que aparecieron como contrarios
a los partidos políticos tradicionales, las masas continúan buscando una
salida, demostrando que no les han dado ningún cheque en blanco a esta gente,
algo parecido a lo que ocurre aquí con Alberto y a lo que, pronto sucederá, en
Brasil, con una casi segura nueva presidencia de Lula da Silva.
En pocos meses, Castillo, que probablemente sea el más
débil de todos los populistas que han ganado elecciones, demostró la
inviabilidad de todos los proyectos de estas características, sumergiendo al
país en un ajuste brutal, peor aún que el que venían soportando con gobiernos
de la “derecha”.
Castillo se encuentra en el peor momento
en sus ocho meses de gestión. La tarde del martes se reunirá con la junta de
portavoces del Congreso para discutir salidas a la enésima crisis política que
afronta. Cerca del 75% de la población tiene en Perú una ocupación informal, y
desde mediados de 2021, el costo de vida se ha incrementado debido a una mayor
la inflación y el alza de precios de productos que dependen de insumos
importados como el maíz para la crianza de los pollos, los fertilizantes y los
combustibles.
El Gobierno de Castillo llegó al poder
ofreciendo créditos baratos para la agricultura familiar -que atraviesa una
crisis por deudas- y medidas para los transportistas, que pedían, entre otras
cosas, la revisión de los contratos de peajes porque tienen tarifas caras pese
a que las vías están descuidadas o son inseguras. Ambos grupos de trabajadores
iniciaron las protestas la semana pasada ante el incumplimiento de las promesas
del Gobierno[1].
Ante la
imposibilidad de frenar estas acciones de lucha, el gobierno demostró su
pasmosa debilidad, decretando el estado de emergencia en Lima y El Callao,
teniendo después que levantarlo debido a la presión obrera y popular y al descrédito
sufrido en tan pocas horas.
En un mensaje al Congreso, Castillo sostuvo que, “ante los hechos de violencia que algunos
grupos han querido crear mediante el bloqueo en los accesos de Lima y Callao, y
en aras de restablecer la paz y el orden interno, el Consejo de Ministros
decretó el estado de emergencia suspendiendo los derechos constitucionales
relativos a la libertad y a la seguridad personal, la inviolabilidad del
domicilio y libertad de reuniones en la provincia de Lima y Callao”[2]
Cortes de rutas, choques con la policía y un
cuestionamiento directo al presidente y al partido gobernante, Perú Libre,
protagonizado por campesinos pobres y trabajadores del transporte de la zona
centro del país, que son los sectores más afectados por la política económica
de Castillo, cuyo plan económico beneficia a los grandes empresarios locales y
las grandes multinacionales.
Este proceso de rebelión popular no es, como venimos
señalando, un hecho aislado o producto de la política de un gobierno en
particular, sino parte de una tendencia mundial. El retroceso, aunque desigual,
de lo que hemos denominado Contrarrevolución Covid -ataque a las libertades
mediante el encierro o “distanciamiento social”- comienza a dar lugar a un
nuevo ascenso, de carácter revolucionario, del movimiento de masas.
Los trabajadores y el pueblo pobre comienzan a pasar
por encima de los diques de contención construidos por la burguesía, sus
gobiernos y la burocracia sindical. Esta dinámica lleva a que, más temprano que
tarde, los y las de abajo comiencen a poner en pie sus organismos de auto
organización y auto defensa, como ocurre en todas las revoluciones.
Los socialistas debemos alentar la movilización de las
masas y, principalmente, esta tendencia a liberarse del corsé burocrático,
para, en ese camino, construir su propio poder, un poder que en la medida en
que se radicalicen las rebeliones, cuestionará, objetivamente, al poder
burgués. La tarea de los y las socialistas es dotar a este proceso de un
programa auténticamente revolucionario.
Lamentablemente muchachos tengo que disentir con ustedes, al experiencia histórica indica hasta ahora que estas crisis de los procesos populistas, no derivan hacia opciones "verdaderamente revolucionarias", sino todo lo contrario. Me parece fantástico vuestro optimismo, pero es totalmente infundado, las masas también eligen no sólo son "manipuladas" y hasta ahora desde la caída de la URRSS, no eligieron más socialismo, sino capitalismo, no había opciones masivas con programas "auténticamente revolucionarios".
ResponderBorrar