Chile, elecciones y un régimen democrático burgués cada vez más frágil


Por Damián Quevedo 

Las elecciones presidenciales en Chile, más allá de ser un punto de retorno a la normalidad institucional burguesa luego de las masivas revueltas y la posterior convocatoria a la Asamblea Constituyente, están aún marcadas por las jornadas de 2019. Estas movilizaciones golpearon e hirieron duramente a un régimen agotado, ya superado en la mayoría de los países de América Latina. 

La institucionalidad chilena, a diferencia de Argentina, nunca abandonó las características impuestas por la dictadura de Pinochet, ya que ese país no llegó a tener su propia "revolución democrática", como sucedió aquí cuando cayó la dictadura del Proceso, luego de la guerra de Malvinas. El régimen, administrado por la coalición de partidos denominada "Concertación", fue en esencia una continuidad pactada de lo anterior, como en gran medida sucedió con el franquismo en España, luego del pacto de la Moncloa.  

Las movilizaciones del 2019 en Chile fueron, en los hechos, la consumación de una revolución democrática tardía, dando lugar a un régimen democrático burgués, más clásico, pero que nace en medio de la agonía de este tipo de institucionalidad en todo el mundo. A las puertas de una nueva situación revolucionaria mundial, las demandas democráticas de las movilizaciones chilenas asumieron un carácter netamente transicional, demostrando los límites de las democracias burguesas a la hora de satisfacer las demandas populares.  

En esta elección presidencial se expresa todo eso, ya que los candidatos favoritos no provienen de ninguno de los partidos que se han alternado en el gobierno en las últimas décadas. Entre ellos, un independiente apoyado por el Partido Comunista y otro que reivindica la obra pinochetista. Sin embargo, todo indica que ninguno obtendrá, según las encuestas, una diferencia sustancial, incluso en un balotaje, lo cual obligará al ganador -debilitado desde el inicio- a negociar con el resto de las fuerzas políticas.  

En cualquier caso, quien eventualmente resulte vencedor enfrentará un problema serio de gobernabilidad. Con alianzas endebles (si bien existe una larga tradición de alianzas en Chile), la naturaleza de las mismas será estructuralmente compleja para hacer frente a la dura realidad económica pre y post pandémica, a las demandas sociales y al terrorismo secesionista pseudo-mapuche que azota el sur del país. 

Asimismo, el Congreso que les espera (se renovará también los 155 diputados y 27 de los 50 senadores) será sin mayorías propias, hostil y más volátil y la nueva Constitución que eventualmente se apruebe en 2022 (requiere de un plebiscito de salida de voto obligatorio para ser aprobada) sea o no de carácter refundacional y marque un novedoso y complejo nuevo modelo institucional o se diluya en cambios menores con sabor a poco[1] 

En medio de la crisis general y de una muy probable avanzada de lo que hemos denominado Contrarrevolución Covid, con todo tipo de medidas restrictivas -escudadas en supuestas nuevas y más peligrosas emergencias sanitarias- el próximo gobierno chileno será otra ficha de dominó alineada en la debilidad general de la mayoría de los gobiernos continentales. La izquierda revolucionaria y la clase obrera chilena, deberán prepararse para enfrentarlo, con más dureza y precisión política que nunca.

Esta vez, los trabajadores y las trabajadoras deberán liderar las próximas rebeliones, creando sus propias organizaciones de discusión y resolución, que no sólo organicen las revueltas, sino que constituyan la base sobre la que se apoyará un futuro gobierno obrero, de carácter socialista. Las organizaciones revolucionarias deben ayudar a que esta realidad se concrete, impulsando la independencia política de los y las de abajo de cualquier variante capitalista o burocrática. 



[1] Infobae 20/11/2021

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